Los derechos civiles de la comunidad de inmigrantes en Arizona vienen siendo agredidos por la Ley SB 1070. La ley ha generado una reacción de preocupación, indignación y solidaridad con los migrantes hispanos. A nivel nacional e internacional se vienen recibiendo expresiones que cuestionan la constitucionalidad de la ley y las consecuencias sociales que ocasionaría su implementación contra los quinientos mil migrantes indocumentados que viven en el Estado de Arizona. El 80% de ellos son miembros de la comunidad latina. En Estados Unidos hay doce millones de migrantes irregulares.
La preocupación se extiende cuando sabemos que otros estados de los Estados Unidos pretenden debatir leyes similares. La Casa Blanca (Palacio de Gobierno en el Perú) ha manifestado su preocupación que los congresos estatales legislen en materia federal, inmigración es uno de ellos, ya que es una facultad exclusiva del Congreso Federal en Washington DC. Este es el primer punto de una demanda legal contra la ley.
La ley genera rechazo por que permitiría a un oficial de la policía detener a una persona que no tiene estatus legal migratorio y remitirlo a los agentes federales de inmigración para su posterior deportación. El ingrediente del perfil racial en la detención y la discrecionalidad del oficial para el arresto del inmigrante han generado un segundo punto de controversia. Más aun cuando el Sheriff del Condado de Maricopa en Phoenix viene siendo investigado por el Departamento de Justicia por la violación de los derechos civiles de los inmigrantes. Este será el segundo punto de una demanda legal contra la ley.
Por otro lado, los ciudadanos que albergan o proveen trabajo a un inmigrante indocumentado pueden ser sujetos de sanción penal como autor de un delito menor. Lo que, en la practica, convierte a las personas en agentes de inmigración, ya que tienen que indagar y verificar a quienes albergan o transportan en sus vehículos. La ley castiga el alberque, transporte y el dar trabajo a un inmigrante irregular. Este es otro punto de una demanda legal.
La ley es inaplicable. La Ley SB 1070 no incluye un presupuesto para su implementación. Los policías tienen que ser entrenados previamente en temas migratorios para distinguir el estatus legal de quienes no tienen un documento valido de identidad.
Hay más de siete mil peruanos en Arizona, y el cuarenta por ciento de ellos no tienen documentos migratorios. La cancillería peruana tiene que activar un programa de defensa legal de nuestros connacionales. La ley entrara en vigencia el 29 de Julio de este ano, un día después de nuestras fiestas patrias.
Dr. Aldo Castañeda, Director del Centro de Inmigración de Phoenix, Arizona.
