Quito, 7 feb. 2009.- La creación de la "Red Andina de Migraciones" fue acordada esta tarde por las aproximadamente 20 organizaciones sociales de los paí­ses de la Comunidad Andina que participaron en un seminario taller desarrollado en Quito, con el auspicio del Proyecto "Acción con la Sociedad Civil para la integración Regional Andina" (SOCICAN), promovido por la Comunidad Andina y la Unión Europea.

La red contribuirá a la sensibilización de la opinión pública en torno a los derechos de los migrantes y a la identificación de mecanismos que permitan la realización efectiva de esos derechos, así­ como la implementación de sistemas de indicadores y verificación que den cuenta del cumplimiento de los mismos.

El seminario taller fue convocado por la Fundación Esperanza (sedes de Colombia y Ecuador), la Consultorí­a para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODHES (Colombia), el Foro Urbano (Ecuador), el Instituto de Estudios por la Infancia y la Familia (Perú) y el Capí­tulo Boliviano de Derechos Humanos, con el fin de identificar mecanismos de promoción, defensa y contribución al pleno goce de los derechos humanos de los migrantes andinos, en los espacios intra y extracomunitarios.

Participaron en el taller delegados de aproximadamente 20 instituciones de la sociedad civil, provenientes de organizaciones de derechos humanos, movimientos sociales, institutos académicos y centros de investigación de la Comunidad Andina vinculados con el trabajo de apoyo a los migrantes, así­ como también observadores de la Secretarí­a General de la Comunidad Andina, Organización Internacional para las Migraciones, Organización Internacional del Trabajo y de la Secretarí­a Nacional del Migrante y Defensorí­a del Pueblo de Ecuador.

Según coincidieron en señalar durante la reunión, en la región "prevalece una tendencia migratoria que afecta a los más de 9 millones de ciudadanos de los cuatro paí­ses andinos que han emigrado hacia otros paí­ses, los que totalizan a 27 millones de personas si se toma en cuenta que por cada migrante existen por lo menos tres familiares o personas vinculadas.

Los participantes reconocieron que la Comunidad Andina "ha avanzado en un marco normativo que garantiza formalmente los derechos de los migrantes para el ejercicio pleno de la ciudadaní­a comunitaria andina".

No obstante, coincidieron en señalar que existe "un abismo entre las normas y la realidad de los derechos humanos de estas personas que, además, no conocen, no exigen, ni ejercen plenamente sus derechos".

Anotaron que "las condiciones de vulnerabilidad son especialmente crí­ticas cuando se trata de mujeres, niñas y niños, personas afrodescendientes, pueblos indí­genas, personas en situación de discapacidad y aquellas con orientación sexual diferente".

http://redandinademigraciones.org/