Las organizaciones de sociedad civil de América Latina, América del Norte y
el Caribe, convocados en la III Jornada Hemisférica sobre Políticas
Migratorias, en la ciudad de Quito, Ecuador, los días 17, 18 y 19 de
septiembre del 2009, con motivo de la IX Conferencia Sudamericana sobre
Migraciones, y en preparación del IV Foro Social Mundial de las Migraciones
y el III Foro Global sobre Migración y Desarrollo, declaramos:
1. Que asistimos a una nueva dinámica migratoria derivada de la forma
como se ha reestructurado el capitalismo a escala planetaria, que acentúa
las asimetrías entre países, profundiza las desigualdades sociales y
exacerba el éxodo masivo de trabajadores provenientes de los países del Sur.
Este fenómeno, que desemboca en la actual crisis multidimensional
(financiera, de sobreproducción y ambiental), ha tenido como telón de fondo
el abaratamiento de los costos laborales del grueso de la población mundial
en beneficio de una estrecha elite asociada a los intereses de las grandes
corporaciones multinacionales y el capital financiero-especulativo.
2. Que si bien este éxodo masivo de trabajadores incorpora, cada vez
más, nuevos perfiles profesionales y científicos, afecta especialmente a
segmentos vulnerables de la población, que están siendo obligados a buscar
en otras tierras su propia subsistencia y la de sus familias. El
desplazamiento que imponen las migraciones forzadas impacta con especial
dureza a las mujeres, las y los jóvenes, los niños, niñas y adolescentes,
los pueblos indígenas, comunidades rurales y comunidades afro descendientes.
3. Que sin desconocer la contribución que los migrantes hacen a sus
familias, comunidades y regiones de origen, resulta fundamental poner de
relieve que su aporte principal es a las sociedades de destino y que ese
aporte representa, a su vez, un importante desangre para las sociedades de
origen, que no es compensado por el flujo de remesas, por cuantioso que éste
sea. Resulta fundamental trascender la visión unilateral dominante acerca
del vínculo entre migración y desarrollo, que intenta invisibilizar la
importante contribución de los y las migrantes a los países de llegada, así
como los significativos costos materiales y humanos implicados en el
fenómeno migratorio. Ello, además de alimentar las prácticas xenófobas y
discriminatorias que predominan en los países de recepción, cierra la
posibilidad de avanzar hacia políticas de responsabilidad compartida y de
cooperación para el desarrollo, basadas en el principio de la reciprocidad.
4. Que las remesas enviadas por los y las migrantes a sus familiares en
sus países de origen han evitado un crecimiento aún mayor de los índices de
pobreza en el hemisferio; sin embargo, las remesas, por sí solas, no han
sido, ni serán, la llave para el desarrollo de los países de origen, como
muchas veces se afirma, mientras no estén en vigencia nuevas políticas de
desarrollo integral de nuestros pueblos.
5. Que los tratados de libre comercio subsidian a los productos
agrícolas de los países más desarrollados y propician la ruina de miles de
campesinos, con graves consecuencias en términos de soberanía alimentaria,
promoviendo, aún más, la escalada de flujos migratorios en el continente.
6. Que como parte de los procesos asimétricos de internacionalización
de la producción que prevalecen en la actualidad comandados por las grandes
corporaciones transnacionales, emergen nuevas formas de explotación de la
fuerza laboral que dan pie al resurgimiento de economías de enclave en el
concierto latinoamericano. Esto ha propiciado el desmantelamiento y
reintegración de los aparatos productivos de nuestros países, el surgimiento
de amplios contingentes de la población sumergidos en la esfera de la
informalidad y el consecuente éxodo masivo de trabajadores en condiciones
desventajosas y de alta vulnerabilidad.
7. Que persiste la exclusión del tema migratorio y de derechos humanos
en el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y la Comunidad Andina,
donde se privilegia la libre circulación de capitales y mercancías, mientras
se restringe la libre circulación de personas. Lo mismo ocurre con los
tratados de libre comercio promovidos por los Estados Unidos con diversos
países de la región.
8. Que hay avances importantes e innegables en el reconocimiento
normativo y la implementación de políticas públicas que garantizan los
derechos de los y las migrantes y sus familias, en algunos países de América
del Sur, los cuales deben ser emulados y llevados efectivamente a la
práctica en el conjunto países latinoamericanos, a fin de dar muestra
fehaciente de coherencia en la implementación de buenas prácticas que
aseguren el goce efectivo de los derechos humanos de los y las migrantes.
9. Que es importante reconocer la emergencia de nuevas formas de
organización de los y las migrantes y sus familias en los países de origen y
de llegada, así como la conformación de nuevas redes de organizaciones de
sociedad civil que luchan por los derechos humanos, la interculturalidad y
la participación política.
10. Que con el anuncio de instalación de bases militares de Estados
Unidos en Colombia, el conflicto armado interno amenaza con desbordarse en
la región. Es innegable que este conflicto sigue provocando el éxodo de
millones de personas dentro y fuera de este hermano país andino, agregando a
las filas de los y las migrantes económicos, millones de personas
desplazadas, refugiadas y solicitantes de asilo, dando lugar a una crisis
humanitaria y de derechos humanos de enormes proporciones que no puede ni
debe ser subestimada ni desatendida.
11. Que en Europa, los Estados Unidos y otros países de destino se
promueven e implantan políticas restrictivas y violatorias de los derechos
humanos frente a los y las migrantes, que están provocando la muerte de
miles de personas que intentan ingresar a esos países, detenciones masivas,
deportaciones ilegales y la proliferación de formas de estigmatización,
xenofobia y criminalización. En este marco, la militarización de las
fronteras y la construcción de muros son expresión de una visión
reduccionista y miope del fenómeno que pretende reducirlo a un asunto de
seguridad. La vergonzosa directiva europea del retorno, la militarización de
la frontera entre México y Estados Unidos, y todas las formas de persecución
y criminalización de los y las migrantes, se inscriben en esta perspectiva.
12. Que la crisis global por la que atraviesa la humanidad evidencia el
fracaso del paradigma capitalista neoliberal implantado a lo largo de las
últimas tres y media décadas, poniendo en entredicho las supuestas bondades
del "libre mercado" como mecanismo por excelencia para reducir las
asimetrías entre países, mitigar las desigualdades sociales y abrir una
avenida para el desarrollo de nuestros pueblos. Ante esta clara debacle, es
imperativo privilegiar el impulso a un nuevo modelo de desarrollo integral y
sustentable en la región, que haga realidad nuestros legítimos anhelos de
justicia y bienestar social.
Con base en lo anterior, proponemos y demandamos:
1. Un nuevo diálogo político Norte-Sur y Sur-Sur en temas migratorios
que sitúe en el centro de la agenda los derechos humanos y el desarrollo.
Para este diálogo es imprescindible desplazar el sobre énfasis conferido en
las políticas migratorias de los países del Norte al tema de seguridad
nacional, que atiende ante todo los efectos del fenómeno, para concentrar la
atención en el desarrollo de los países emisores y atacar con ello las
causas de fondo de la migración forzada. El diálogo debe llevarse a cabo en
espacios multilaterales que propicien una perspectiva de integración
alternativa entre los países de América Latina, Estados Unidos y la Unión
Europa.
2. En el marco de este diálogo, resulta imperativa la participación
activa y propositiva de la sociedad civil para la construcción colectiva de
políticas públicas en materia de migración y desarrollo. La participación
efectiva de la sociedad civil, el goce pleno de los derechos y los enfoques
diferenciales, deben erigirse en ejes centrales para articular los debates
sobre seguridad, derechos humanos (laborales y ciudadanos) y migraciones,
que coloque la seguridad de los migrantes en el epicentro de las políticas.
3. Conminamos a los gobiernos de América Latina y el Caribe a mantener
una posición digna y firme en torno a la exigencia de respeto a los derechos
fundamentales de los y las migrantes en Europa y los Estados Unidos. En
particular, urgimos a los gobiernos latinoamericanos a estar alertas y no
avalar la propuesta de los países del Norte Global -que seguramente será
planteada durante el III Foro Global sobre Migración y Desarrollo, en
Atenas, Grecia- de imponer los programas de empleo temporal como eje de la
política migratoria. La experiencia internacional demuestra que este tipo de
programas violentan los derechos laborales de los y las trabajadoras
migrantes y fomentan formas de servidumbre que nada tienen que ver con las
más elementales normas de libre movilidad humana. En el mejor de los casos,
este tipo de programas responden a intereses y necesidades parciales del
mercado laboral del país de destino, pero nunca podrán convertirse en el
pilar de una política integral sobre migración y desarrollo, con el riesgo,
además, de justificar una nueva oleada de criminalización para quienes no
puedan acceder a este tipo de programas.
4. Convocamos a todas las organizaciones y redes a continuar
enarbolando las banderas de apertura de fronteras, ciudadanía universal e
interculturalidad como referentes para construir una política de movilidad
humana con visión de largo plazo, y las invitamos a participar activamente
en el Foro Social Mundial de las Migraciones, en tanto escenario idóneo de
diálogo político encaminado a hacer realidad los derechos de los y las
migrantes y sus familias. Los conminamos a mantener, con renovada energía,
nuestra exigencia de ver y tratar a las personas migrantes a partir de su
identidad básica de seres humanos, portadores de derechos inalienables,
universales e indivisibles, y reafirmar que las leyes nacionales de
inmigración y sobre personas migrantes deben estar plenamente identificadas
con este principio.
5. En similar tenor, convocamos a los gobiernos de la región que
enarbolan este principio y que lo han elevado a rango constitucional, a que
lo implementen en todas sus políticas y prácticas y que éstas vayan
acompañadas de mecanismos de verificación y seguimiento, que aseguren pasar
del formalismo de las normas a la cristalización efectiva de los derechos
humanos de los y las migrantes y sus familias.
6. Instamos a la comunidad internacional a apoyar la convocatoria de
una Conferencia Humanitaria y de Derechos Humanos en torno a las y los
desplazados y refugiados en la Región Andina, como un escenario para hacer
visible y buscar salidas a la crisis humanitaria que provoca el conflicto
armado interno en Colombia.
7. Llamamos a todas las organizaciones y redes de migrantes a condenar
el golpe de Estado en Honduras, a exigir la inmediata restauración de la
democracia en ese país hermano y a expresar toda nuestra solidaridad a la
resistencia del pueblo hondureño.
8. Valoramos y apoyamos el surgimiento de nuevas organizaciones y
redes, con marcados liderazgos femeninos que reafirman a las mujeres
migrantes en su protagonismo como sujetas y luchadoras sociales que
promueven sus derechos y los de los demás.
9. Rechazamos enérgicamente la aprobación, por el senado italiano, de
la "ley de seguridad" que ha tipificado como delito la entrada y estancia
irregular de los y las migrantes, violando expresamente las normas y los
estándares internacionales de derechos humanos, en particular el Convenio
Europeo para la protección de los derechos humanos, y sus Protocolos.
10. Condenamos el proceso de reformas a la Ley de Extranjería de España,
cuyo anteproyecto criminaliza a los y las inmigrantes en situación
irregular; incumple la Convención de los Derechos del Niño cuando se trata a
las y los "menores extranjeros no acompañados" -ante la comisión de ciertos
delitos- con la misma dureza y rigidez que a los adultos; convierte al
internamiento en un instrumento represivo y no en una medida cautelar; y
restringe el derecho a la reagrupación familiar, entre otros aspectos
fundamentales.
11. Condenamos asimismo las redadas, las expulsiones y las deportaciones
sistemáticas, en especial en los Estados Unidos, que han provocado una
dramática situación debido a la separación de padres y madres inmigrantes e
hijos e hijas que poseen la nacionalidad estadounidense. De igual forma,
queremos expresar nuestra profunda preocupación por la privatización de los
centros de detención de los y las migrantes en situación irregular.
12. Instamos a promover una alianza estratégica con las Instituciones
Nacionales de Derechos Humanos, que permita impulsar y fortalecer el
establecimiento de programas defensoriales especializados en la promoción y
protección de los derechos humanos de los y las migrantes y sus familias,
entre otras iniciativas, en las sociedades de acogida y en los países de
tránsito, como los propuestos en el Acuerdo Defensorial adoptado en el
"Primer Encuentro de Defensoras y Defensores del Pueblo de la Región Andina
y Centroamérica para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos de
las Personas en Movilidad y sus Familias", efectuado en el marco de la III
Jornada Hemisférica sobre Políticas Migratorias.
13. Finalmente, reafirmamos, una vez más, la urgencia de favorecer los
procesos genuinos de organización propia, empoderamiento en la titularidad
de sus derechos, la autogestión de su desarrollo y la inclusión en las
sociedades de acogida de las poblaciones migrantes y refugiadas. Los
llamamos respetuosamente a unir esfuerzos para construir un mundo mejor y
hacer del sujeto de las migraciones un ciudadano universal debidamente
habilitado para participar en los procesos de toma de decisiones y diseño de
políticas públicas que afectan la vida de los y las migrantes y sus
familias.
Quito, septiembre 19 del 2009
Comité Organizador Internacional:
Alianza Social Continental (ASC), Comisión Andina de Juristas (CAJ),
Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas (CSA), Espacio Sin
Fronteras (ESF), Grito de los Excluidos Continental, Mesa de Trabajo sobre
Migraciones Laborales del Ecuador (MTML), Migrants Rights International
(MRI), National Alliance of Latin American and Caribbean Communities
(NALACC), Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y
Desarrollo (PIDHDD), Red Andina de Migraciones (RAM), Red Internacional de
Migración y Desarrollo (RIMD), y Red Regional de Organizaciones Civiles para
las Migraciones (RROCM)
Delegaciones de sociedad civil de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Guatemala, Haití,
Honduras, México, Nicaragua, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, República
Dominicana, Uruguay y Venezuela
